El Gobierno del Reino Unido no se ha preparado debidamente para el cambio que ha introducido en las normas relativas a los visados, por lo que los pescadores migrantes mal remunerados se verán obligados ahora a pagar las consecuencias de los retrasos y la incompetencia del Gobierno.
La modificación, anunciada por la ministra del Interior, Suella Braverman, endurece los reglamentos que regulan la contratación de pescadores procedentes del extranjero e ilegaliza el uso de visados de tránsito para la gente de mar por parte de los propietarios de buques de pesca en aguas territoriales del Reino Unido.
Antes, los propietarios de buques de pesca del país se aprovechaban del visado de tránsito, destinado a la gente de mar que se embarca en buques internacionales que parten de aguas británicas en un plazo de 48 horas. Durante más de una década, el sistema ha permitido a los armadores pagar a las tripulaciones extranjeras tan solo un tercio del salario mínimo nacional del Reino Unido, alegando que el personal no trabaja en el país. Y eso pese a que las tripulaciones a menudo trabajan y viven en buques que operan desde puertos pesqueros del Reino Unido.
La decisión de eliminar esta laguna en materia de visados, adoptada tras años de campañas por parte de sindicatos, organizaciones benéficas del sector marítimo y académicos, ha tenido buena acogida. El año pasado, estos grupos realizaron una investigación que puso de manifiesto lo generalizada que se había vuelto la explotación laboral en la industria. Las tripulaciones extranjeras denunciaron haber sufrido racismo y verse obligadas de forma habitual a trabajar más horas de las que estipulaban sus contratos. En consecuencia, el salario medio por hora ascendía a poco más de tres libras esterlinas. El personal investigador descubrió “una cadena de explotación” que comenzaba con la falta de claridad provocada por la laguna en materia de visados de tránsito.
La irresponsabilidad provoca un castigo injusto
No obstante, debido a una planificación deficiente y la ausencia de notificación, este acertado cambio podría suponer malas noticias para el personal al que pretendía ayudar.
La ministra del Interior, la diputada Suella Braverman, concedió a los pescadores y empleadores afectados menos de 24 horas para prepararse para la aplicación de unas medidas más severas por parte de los funcionarios de la Fuerza Fronteriza encargados de velar por el cumplimiento de las normas enmendadas del Gobierno.
En una carta dirigida a activistas en torno a esta cuestión, Braverman reveló que, a partir del 12 de abril, la Fuerza Fronteriza impondría a los propietarios de buques multas de 20 000 libras por cada pescador empleado ilegalmente en aguas territoriales del Reino Unido:
Desde hace tiempo, la postura del Gobierno es que los ciudadanos y ciudadanas extranjeros necesitan permiso para trabajar en aguas británicas y que los visados de tránsito nunca han sido un tipo de visado apropiado para trabajar en el Reino Unido”, escribe. “[L]a disposición de la Ley de Nacionalidad y Fronteras de 2022 relativa al trabajo en aguas del Reino Unido simplemente aclara nuestra postura […] el uso histórico de los visados de tránsito para contratar a ciudadanos extranjeros que desempeñan la mayor parte de su trabajo en aguas británicas significa que han estado trabajando de forma ilegal. Al Ministerio del Interior también le preocupan los niveles cada vez mayores de abuso laboral que se están descubriendo en el mar, y el sector debe abordar estos asuntos con urgencia.
La advertencia de Braverman no estuvo acompañada de ningún plan de implementación, ni siquiera de directrices básicas para empleadores y pescadores sobre qué hacer para evitar las multas y la deportación.
La ITF ha visitado puertos de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte para facilitar orientaciones a los pescadores sobre la forma de evitar la deportación y solicitar el nuevo visado para trabajadores cualificados. Los folletos distribuidos se han traducido a doce idiomas.
En la mayoría de los casos, los empleadores tendrían que enviar a las tripulaciones a casa de inmediato para evitar cualquier medida de la Fuerza Fronteriza. Si se los sorprende infringiendo la ley, se arriesgan a que su personal sea objeto de acciones negativas por parte del funcionariado.
“Ahora mismo hay en el Reino Unido hasta 2000 pescadores no pertenecientes al EEE, contratados por empresas británicas o buques de pabellón del Reino Unido, pero que acceden al país por medio de un visado de tránsito. Buena parte de ellos tendrá la obligación de abandonar el Reino Unido, y cabe la posibilidad de que no pueda volver debido a los requisitos del examen de inglés para obtener el permiso de trabajo correcto”, afirma Chris Williams, experto en pesca y responsable de campañas de la ITF para el Reino Unido.
“Estas personas han firmado contratos, han venido aquí de buena fe y han trabajado duro por el sector, únicamente para levantarse un día y descubrir que su situación de inmigración es ilegal, cuando eso no estaba claro el día anterior o el día de su contratación”.
“Es increíble que este Gobierno conservador espere que estos pescadores hagan la maleta de la noche a la mañana y presumiblemente abandonen el país con las manos vacías, sin percibir siquiera sus salarios adeudados correspondientes al resto de sus contratos”.
“Tenemos que recordar que los pescadores migrantes de Ghana, Filipinas, la India, Sri Lanka e Indonesia constituyeron la columna vertebral del sector pesquero del Reino Unido durante un periodo en el que la industria decidió no contratar a personal local o pagar los salarios nacionales. Francamente, Gran Bretaña tiene una deuda con ellos”, señala.
“La ITF está convencida de que el sector de los alimentos marinos y el Gobierno del Reino Unido tienen la obligación de evitar un mayor perjuicio a esta fuerza laboral, a la que ya se ha defraudado al permitir durante tanto tiempo su explotación y su infrarremuneración”.
Los pescadores necesitan medidas de apoyo
Williams afirma que aún no es demasiado tarde para que el sector y el Gobierno del Reino Unido adopten medidas que impidan el castigo al personal durante la transición a un sistema de visados legítimos para trabajadores cualificados.
Una medida que podría lograr mejoras tangibles, explica, es permitir a las tripulaciones que trabajan actualmente en el Reino Unido solicitar su nuevo visado para trabajadores cualificados desde el país, sin tener que dejar de trabajar y volver a su hogar para realizar la solicitud.
De este modo, las tripulaciones podrían continuar trabajando y ganando dinero para sus familias mientras esperan la decisión del Ministerio del Interior. La solicitud desde el Reino Unido se permite en el caso de otros solicitantes que ya están aquí. Williams señala que tiene sentido asegurar las cadenas de suministro y evitar interrupciones en una industria pesquera nacional que claramente depende de mano de obra no perteneciente al EEE.
Un grupo de representantes de la ITF tiene previsto reunirse con grupos del sector y empresas de alimentos marinos en las próximas semanas para debatir un paquete de ayuda destinado a aquellas personas afectadas por la interrupción de sus contratos como consecuencia del cambio de visado. Durante estas conversaciones, la ITF propondrá que se impartan cursos de inglés gratuitos o subvencionados a las tripulaciones que han estado trabajando en la industria británica de modo que puedan superar los requisitos de competencia de inglés para obtener el nuevo visado para trabajadores cualificados.
Williams espera también que los pescadores migrantes que se hayan visto afectados por el cambio del Gobierno puedan solicitar el nuevo visado y continuar contribuyendo al sector pesquero del Reino Unido, “pero, esta vez, con las plenas protecciones que prevé la legislación laboral del Reino Unido, como siempre debería haber sido”.
FIN
Notas:
- La ITF y las principales organizaciones benéficas del sector marítimo del Reino Unido —la Seafarers’ Charity, la Merchant Navy Welfare Board, la Fishermen’s Mission y Stella Maris— comunicaron por escrito sus crecientes preocupaciones comunes al Ministerio del Interior el 6 de marzo y recibieron una respuesta de la ministra del Interior el lunes 24 de abril.
- La campaña de la ITF relativa al visado de tránsito para la gente de mar puso de relieve la explotación sistémica en la industria del Reino Unido en 2022: https://www.itfglobal.org/es/reports-publications/un-viaje-sin-retorno-hacia-la-explotacion-laboral.
- La foto para prensa de Chris Williams, experto en pesca y responsable de campañas de la ITF para el Reino Unido, está disponible aquí.
Acerca del visado de tránsito para la gente de mar:
- El visado de tránsito para la gente de mar está destinado para la gente de mar embarcada en buques que van a abandonar las aguas británicas en un plazo de 48 horas.
- La laguna en esta materia provocó que los propietarios de los buques de pesca y, por extensión, los proveedores y minoristas de alimentos marinos, ganaran millones de libras al pagar a los pescadores migrantes tan solo un tercio del salario mínimo nacional legal del país.
- Aunque la industria declaró públicamente que el uso del visado de tránsito era legítimo, la indecisión que ha mostrado el Gobierno durante una década ha permitido a algunos propietarios de buques utilizar el riesgo de deportación para obtener aún más poder sobre los pescadores mal remunerados. Las tripulaciones no podían cambiar de empleador, aunque estuvieran siendo objeto de abuso o acoso.
- Al no estar en una situación de inmigración legítima, las tripulaciones a menudo se vieron confinadas en los buques donde trabajaban, sin acceso al servicio nacional de salud ni a ningún otro servicio sanitario en tierra.
- El desequilibrio de poder dio lugar a una explotación generalizada, en la que algunos empleadores usaban amenazas implícitas o explícitas de deportación y de actuación de las fuerzas de seguridad para disuadir a las tripulaciones de negarse a realizar largas jornadas o plantear sus preocupaciones ante las autoridades.
Acerca de la ITF: La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) es una federación de sindicatos del transporte democrática, encabezada por sus organizaciones sindicales afiliadas, reconocida como la principal autoridad mundial en materia de transporte. Luchamos fervientemente para mejorar la vida laboral, conectando a sindicatos y redes de trabajadores y trabajadoras de 147 países para garantizar los derechos, la igualdad y la justicia de sus miembros. Somos la voz de casi 20 millones de hombres y mujeres que mueven el mundo.
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